Santiago Nieto abandonó a Barbosa

El fiscal corporativo / Derecho Fiscal Represivo

Dr. Miguel Ángel Santillana Solana.

De acuerdo con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, los particulares tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación, así como de los Estados y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Correlativamente, la Federación y los Estados tienen facultades para imponer, mediante las leyes que expidan los respectivos poderes legislativos, las contribuciones destinadas a atender debidamente las necesidades de la colectividad de acuerdo con los presupuestos de egresos que se formulen para ese efecto.

El ejercicio de la potestad impositiva que se hace a través del Congreso Federal y las Legislaturas locales da origen a un voluminoso cuerpo de normas tributarias cuya aplicación, como la de todos los ordenamientos jurídicos, pueden hacerse coactivamente, cuando no son cumplidas en forma espontánea por sus destinatarios.

Para asegurar el acatamiento a las disposiciones fiscales, la Administración Pública, a quien corresponde aplicarlas, está dotada de una potestad sancionadora que debe ejercer dentro del marco del orden jurídico y en tal virtud, el ejercicio de esa potestad plantea numerosas cuestiones que no han sido definitivamente resueltas en el campo de la doctrina y la jurisprudencia, por lo que ameritan seguir siendo estudiadas.

Como ejemplo pueden citarse los problemas relativos a los límites constitucionales y legales de la potestad sancionadora de la Administración Fiscal; las reglas a que debe sujetarse al imponer las sanciones y los fines que se persiguen con el castigo de las infracciones cometidas por los contribuyentes; la naturaleza y formas que pueden adoptar dichas sanciones, las defensas que los particulares tienen frente a ellos y otras cuestiones similares.

Respecto de algunas sanciones fiscales, no se discute su carácter represivo, por ejemplo, no cabe pensar que la clausura de un negocio o industria, o la suspensión de actividades gravadas, sean medidas que tengan por objeto la reparación del daño producido al Fisco, ya que precisamente al privar al contribuyente de la fuente de sus ingresos, se imposibilita tal reparación, siendo indudable, por tanto, su carácter aflictivo intimidatorio.

Opuestamente, la multa ha sido considerada por algunos autores como una sanción o medida cuyo fin es  exclusiva o predominantemente reparatorio,  carácter  que, a mi juicio, corresponde sólo a los recargos, pero no a la multa, de acuerdo con las opiniones doctrinales que también citaré.

Según Otto Mayer la multa no solamente constituye un daño que se infringe al culpable, sino también existe una ventaja para el Tesoro Público; el Fisco debe beneficiarse con ella, por lo que la multa tiene cierta afinidad con un  crédito del Derecho Civil. Pero, en concepto de dicho autor, “con lo que puede compararse en realidad  es  con el derecho a la indemnización: se debe al Estado una indemnización   por el aumento de los gastos de vigilancia que semejantes empresas le ocasionan y por las pérdidas que sufre en virtud de los fraudes que a veces se logra cometer; quien es atrapado una vez pagará también por todos los otros.”.

De este carácter de indemnización que tiene la multa, deriva según Mayer, que las autoridades tributarias pueden renunciar  a perseguir la infracción, contentarse con el pago de una suma inferior, aplazar o moderar la pena ya pronunciada, lo que explica por el derecho de disponer de los créditos pecuniarios accesorios, derecho que está comprendido en la gestión ordinaria de los asuntos del Estado, no tratándose del ejercicio del derecho de gracia que va unido a la persona del jefe del Estado y no admite delegación.

También Bielsa considera la multa principalmente como una indemnización. Dice que la multa fiscal, desde que es impuesta por incumplimiento de una obligación administrativa o financiera, es una sanción administrativa que genera responsabilidad y su objeto o fin es, en cierto modo “disciplinario”, lo que explica por qué cuando se trata de actos bilaterales la multa se imponen a cada parte interveniente. “Pero (concluye) su relativo carácter o fin de indemnización  es indudable, y   no lo niega la circunstancia de que la multa sea dos, tres  y hasta diez veces el monto de la contribución no pagada. Las multas fiscales equivalentes a varias veces la suma debida “compensan”, en el patrimonio fiscal, las evasiones ilícitas no descubiertas. Hay, mediante ella, una especie de reintegración de los que el fisco debe percibir normal y legalmente”.

Se ha discutido en la doctrina del Derecho Penal Administrativo y Tributario si la culpabilidad, en cualquiera de sus dos grados: el dolo y la culpa, constituye un factor indispensable para que existe la responsabilidad por infracciones o contravenciones a las disposiciones administrativas o fiscales.

Según algunos autores, en relación con las contravenciones, la responsabilidad de carácter no delictual nace  por mero hecho de la infracción y la culpabilidad se presume la sola comprobación de la desobediencia a la norma. En consecuencia, no se distingue, según esta corriente, entre dolo y culpa ni se toman en cuenta en forma principal las condiciones personales del infractor, sino el daño producido al patrimonio fiscal, características todas éstas que hacen que la contravención sea considerada como una transgresión formal u objetiva.

Por el contrario, otra corriente doctrinaria que ha analizado con mayor penetración de la naturaleza de las contravenciones administrativas y fiscales, considera que sí se presente  en ellas el elemento culpabilidad, aunque tenga características peculiares que la diferencian de la culpabilidad penal propiamente dicha. Adolf Merkl objeta el que se defina la transgresión administrativa como mera antijuridicidad objetiva que carece del momento culposo, señalando que “el Derecho positivo posee plena libertad para fijar como condición previa de la transgresión administrativa, la culpa; puede exigirla para ciertas figuras y excluirla de otras, puede aceptar las formas de culpabilidad del Derecho penal judicial o crear formas especiales para el Derecho penal administrativo.

Otto Mayer considera que “no es exacto decir, del delito tributario como del de policía, que  hace abstracción de la culpa, que es un delito formal”, pues hay siempre una culpa, aunque “es una culpa que moralmente pesa poco y que, por este motivo, no tiene influencia sobre el derecho penal común, pero es una culpa según el derecho tributario”.

Cabe citar también el modelo latinoamericano del Código Tributario, que en su artículo 73 recogió el principio de la exigencia de la culpabilidad expresándolo:

“Las infracciones tributarias requieren de dolo o culpa”

FUENTE:

LOMELI, Cerezo Margarita. “Derecho Fiscal Represivo”, Editorial Porrúa, Séptima Edición. México, D.F., 2007. Págs. 9 y 10; 177 y 178; 187 y 188.

Please publish modules in offcanvas position.