USMCA: se reduce la incertidumbre, pero no se elimina

El fiscal corporativo / El nuevo Derecho Procesal Constitucional

Por: Dr. Miguel Ángel Santillana Solana.

En la opinión del Dr. Raymundo Gil Rendón, en la tradición jurídica de nuestro país, la tutela constitucional se le había conferido única y exclusivamente al Juicio de Amparo. No fue sino hasta las reformas constitucionales de 1994, que se reconoció y diseño nuevos controles constitucionales, tales como la Controversia Constitucional (la cual como es sabido, se estableció a nivel constitucional desde  la Constitución de 1824) y la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, que vinieron a salvaguardar de una forma más efectiva los contenidos y alcances de la Constitución.

Posteriormente a la reforma, se desarrollando esquemas de protección en el ámbito electoral, los cuales vinieron a abonar en eficacia la vigencia y supremacía del orden constitucional.

De igual forma, los Estados a nivel local, comenzaron con un proceso paulatino de evolución, hacia nuevas formas de reconocimiento y defensa de los derechos, yendo inclusive, mucho más allá (durante mucho tiempo) que la propia Constitución federal.

Es notable el grado vanguardista y garantista que han adquirido varias constituciones locales, impulsando en el plano estatal, la cultura de la defensa y control constitucional,  a la luz del Derecho procesal constitucional, como disciplina autónoma y especializada en estos aspectos.

Si bien, existen todavía algunos sectores divergentes o reacios en aceptar la autonomía del Derecho procesal constitucional, es un hecho que ésta se ha gestado gracias a dos vertientes: la primera, por el fortalecimiento  del constitucionalismo y los derechos humanos, como factores únicos de validez de todo el sistema; y segundo, por el desarrollo  doctrinal tan solvente y abundante que ha tenido la materia. Son cada vez más las posturas que aportan criterios de racionalidad, y por ende, generan la aparición y sostenimiento de nuevos paradigmas jurídicos.

Me parece que el simple hecho que exista un área de estudio encargada de revisar la funcionalidad y eficacia de los medios nacionales y trasnacionales de tutela, implica una separación de cualquier otra disciplina, y consolida una entidad e identidad propia.

Pero más allá de una primera etapa de consolidación del Derecho procesal constitucional, en la que tuvieron que ver juristas de la talla de Héctor Fix Zamudio, Domigo García Belaunde, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, así como Néstor Pedro Sagués, hoy en día se empieza a vivir una etapa fundamental, la cual implica la gestación de un ius commune respecto a la primacía y universalidad de los derechos humanos, los cuales reclaman para sí, mecanismos de tutela y protección que operen de forma transversal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido un valor decisivo en la conformación de esta noción común de supremacía alrededor de los derechos humanos, retribuyendo elementos esenciales hacia los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,  para una adecuada salvaguarda de la persona, como eje rector de toda actuación estatal.

En el caso de nuestro país, derivado de un proteccionismo y reduccionismo positivista exacerbado, herencia del modelo decimonónico, se evadió durante muchas décadas la protección real, y efectiva de los derechos humanos, privilegiándose a la norma, sin advertir su contenido material y axiológico.

Este formalismo a ultranza, se podía advertir en un cúmulo de supuestos de improcedencia para poder accesarse a la justicia constitucional, ya que el reconocimiento y defensa de cualquier derecho fundamental, se circunscribía a la existencia de algún dispositivo normativo que lo previera. Sin esta condición, la tutela de los derechos carecía de cualquier posibilidad.

Sin duda alguna, han sido tres los factores que han abonado, para que dentro de nuestro sistema jurídico se erija una nueva noción en materia de protección constitucional y derechos humanos.

El primero, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, fue la reforma constitucional de 1994, la cual propició el desarrollo de la ciencia del Derecho procesal constitucional en nuestro país, pues vinieron a incorporarse medios de control constitucional distintos al amparo, tales como la acción abstracta de inconstitucionalidad, así como la controversia constitucional. Años después, se incluirían los medios de protección constitucional en materia electoral, tal es el caso del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, y el Juicio de Revisión Constitucional. Dichos mecanismos vinieron a cubrir un déficit notable en lo relativo a la defensa constitucional en materia política, ya que desde el debate Vallarta vs Iglesias, se había desalojado del esquema de control y defensa constitucional, la materia electoral, por considerarla algo distinto a lo jurídico.

Un segundo factor, es el relativo a contenidos y efectos derivados de la reforma constitucional del 6 y 10 de junio de 2011, en materia de Juicio de Amparo y Derechos Humanos, respectivamente. Si bien, son reformas con entidad propia, no pueden contemplarse, ni estudiarse como estancos separados, sino que las dos vienen a conformar en conjunto un cambio sustancial en el texto constitucional.

Dicho cambio es tan importante, que de forma tácita estamos ante una nueva Constitución, pues su sentido ontológico (al menos en la parte dogmática) fue modificado radicalmente. Esto ha traído consigo la aparición de nuevas perspectivas que insertan a nuestro sistema, no sólo en la dinámica internacional, sino que lo tornan un sistema mucho más humanista, pues la reforma coloca a la persona como el factor supremo y fundamental.

Por último, el tercer factor que ha contribuido a la existencia de un nuevo paradigma, es el relativo a la vinculación de nuestro sistema con el sistema interamericano de derechos humanos, por medio de la emisión, reconocimiento e incardinación de la sentencia del caso “Rosendo Radilla”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010.

Esta resolución vino a ser un parteaguas en lo concerniente a los alcances de las sentencias emitidas por Tribunales internacionales, así como en lo relativo a su vinculación y efectividad dentro de nuestro Estado, pero sobre todo, vino a evidenciar la supremacía de los derechos humanos en cualquier orden jurídico.

Estos tres factores han cambiado nuestro esquema constitucional, por lo que requiere una nueva postura en cuanto a la forma de ver, conocer y desarrollar el derecho en todos los sentidos.

Hoy más que nunca, la ciencia del Derecho procesal constitucional se vuelve indispensable para garantizar la protección de la esfera jurídica de la persona, tanto a nivel doméstico, como a nivel internacional.

Es por ello que se vuelve fundamental, que los operadores jurídicos, cualquiera que sea su lugar de exposición, conozcan los orígenes de los citados paradigmas,  así como los casos que a la luz de éstos, están generando un cambio de conciencia colectiva en materia de derechos humanos.

Fuente:

GIL, Rendón Raymundo. El nuevo Derecho Procesal Constitucional (Análisis de casos prácticos)”. Editorial Ubijus. México, D.F., 2012. Págs. 19, 20,21 y 22.  

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