Fernando Vázquez Rigada
Richard Nixon fue un presidente acostumbrado a violar cotidianamente la ley. Cuando estalló el escándalo que lo hundió —Watergate— desechó su gravedad, diciendo:
—-Será un pie de página en la historia.
No lo fue: fue su epitafio.
Enloquecido, Leónidas Trujillo pensó que lo podía todo, él, que había cambiado el nombre de la capital dominicana a Ciudad Trujillo. Mandó a matar al presidente venezolano Rómulo Betancourt. Secuestró en Estados Unidos, torturó y asesinó a Jesús de Galíndez que había publicado una tesis doctoral demoledora contra el dictador. Mandó a matar a palos a las disidentes hermanas Mirabal. Poco después el propio Trujillo fue acribillado.
Enrique Peña Nieto celebraba en Nueva York los éxitos de su gobierno, tras hablar en la Asamblea General de la ONU y haber aprobado la mayoría de las reformas del Pacto por México. Ahí le llegaron las noticias de una tragedia ocurrida en un pueblo hasta entonces desconocido: Ayotzinapa. Una crisis municipal, brutal y vergonzosa, escaló hasta hacerse estatal, nacional y luego mundial. Hirió de muerte a su presidencia.
Una crisis mal manejada es una espiral que se eleva, hasta convertirse en huracán que consume todo.
El actual gobierno enfrenta un reto brutal: la aparición de un rancho de horror en un pueblo desconocido, llamado Teuchitlán.
La indignación ha ido creciendo.
El partido en el poder ha sido incapaz, en siete años, de reunirse con las madres buscadoras, con miles de personas que rastrean el destino de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus hijas.
No ha habido palabras de consuelo. Un abrazo que otorgue calor. Menos justicia.
El rancho de la muerte fue encontrado en septiembre por la Guardia Nacional, primer respondiente que debió dar parte a la autoridad federal por las evidencias innumerables de que se trataba de un escenario criminal vinculado al narcotráfico. La Fiscalía del estado de Jalisco no hizo nada. El presidente municipal, nada. El gobernador Enrique Alfaro, nada. El Presidente López Obrador, nada.
México es un país sin Estado.
Hoy, los corifeos de la burocracia gobernante repiten los argumentos de Jesús Murillo Karam, hoy preso por, entre otras cosas, obstruir la justicia.
Cremar cuerpos implica temperaturas altísimas: el rancho de Teuchitlán no tenía las condiciones. Las evidencias desaparecieron. Se organizó un tour con influencers amigos para mostrar la vegetación del lugar, violando todos los protocolos de protección una escena criminal. A sueldo, repiten la misma tonada increíble: no hay pruebas. Nada ocurrió. Las madres mienten. Es un montaje.
Pero hay juicios, como los antes señalados, que no requieren pruebas, sólo certezas. A ellas se suma la detención de un jefe del cártel Jalisco, encargado del reclutamiento forzoso. ¿Y entonces?
El gobierno debería recomponer el camino y entrarle sin paliativos a la reparación del daño. A la búsqueda de la verdad. A la impartición de justicia.
No hacerlo no sólo es inexplicable: es condenatorio.
Revela ya no sólo indolencia, distancia, desgano.
También complicidad.
@fvazquezrig
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