Los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto federal como de los estados, deben dotar de los recursos suficientes para resolver el rezago en materia de juicios laborales, así como la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, que requerirían bajo los actuales plazos de ocho a cuatro años para salir adelante, respectivamente.

Y es que son alrededor de medio millón de expedientes de trabajadores los que se encuentran estancados en materia de juicios laborales, que requerirían de al menos ocho años para ser resueltos en función del rezago existente en las juntas de Conciliación y Arbitraje, advirtió el secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México, Fernando Salgado.

En tanto, se estima en cuatro años la instalación de los nuevos tribunales dependientes del Poder Judicial de la Federación encargados de la justicia laboral, explicó.

Por ello consideró que se requiere de ajustes para que se respete la libertad sindical, además de que el gobierno federal dote al Poder Judicial de los Recursos suficientes para que se garantice la procuración de la ley, aunado a que las actuales Juntas de Conciliación resuelven el rezago laboral.

Estimó en medio millón de expedientes pendientes por parte de trabajadores en temas laborales, como pensiones, Infonavit, IMSS y devolución de recursos de Afores, entre otros.

El rezago llevará alrededor de ocho años para resolverse, mientras que cuatro años más el establecimiento de los nuevos tribunales de Conciliación y Arbitraje, su capacitación, personal, equipamiento y elección de los funcionarios, reiteró.

Urgió a que se invierta en justicia laboral, pues, ejemplificó, existen un millón de empresas y solamente 500 inspectores federales en todo el país.

Aunado a ello, para resolver los juicios laborales “se la llevan larga, a pesar de que en 2012 cuando se dio la primera reforma laboral se planteó que el plazo de un juicio no sea mayor a un año”, acotó el dirigente cetemista.

Llamó al legislativo a promover ajustes que garanticen “una ley dinámica y moderna, de a deveras”, que eviten distorsiones laborales que quedaron latentes con la más reciente reforma laboral.

Las empresas sin contrato colectivo de trabajo o las que tengan sindicatos blancos son las que enfrentarán más riesgos de inestabilidad de cara a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, añadió el secretario general sustituto de la CTM.

No obstante si el trabajador no quiere sindicalizarse podrán darse conflictos entre sindicato y empresa, pues, hoy es muy posible que los patrones pidan firmas previas para contratar al personal condicionándolo a que no se adhieran al Sindicato, alertó.