El nuevo esquema de compras consolidadas de medicamentos por el gobierno federal a través del INSABI derivó en incrementos en su precio, además, de malas prácticas en la adquisición de medicamentos, que disminuyeron el nivel de competencia en los procedimientos de compra de salud y condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra, que tendrán que revertirse por el IMSS-Bienestar.

Ello conforme análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que examinó 156 mil procesos de compras de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal entre 2018 y 2022 publicados en Compranet.

Si bien los datos muestran que la estrategia gubernamental para la adquisición de medicamentos logró reducir de 76% (2018) a 30% (2022) el monto concentrado por las diez empresas que más medicamentos le vendieron al gobierno, también hubo circunstancias que dispararon los costos finales.

Entre las distorsiones, planteó que los contratos de medicamentos se hicieron con montos más pequeños, contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo.

En 2022, 20% del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, mientras que en 2018 esta proporción fue únicamente de 5 por ciento.

Disminuyó el nivel de competencia en los procedimientos de compra de salud. Los concursos públicos -que son la regla de contratación por ley- pasaron de representar 47% del monto de compra en medicamentos en 2018 a solo 10% en 2022. 

Las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra.

Esto, añadió, se relaciona con un aumento en el costo de atención por paciente en enfermedades de alta prevalencia; por ejemplo, el gasto promedio por paciente con hipertensión arterial en el IMSS incrementó 25 por ciento en términos reales entre 2019 y 2022.

Desde la perspectiva del IMCO hay una falta de planeación y coordinación de las instituciones públicas de salud, lo que se refleje en la planeación de adquisiciones, la coordinación entre almacenes centrales, regionales e institucionales, y el registro de entradas y salidas de piezas, así como uso subóptimo de los sistemas utilizados para la distribución interna de medicamentos.

Por ejemplo, al revisar 34 contratos del IMSS de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que siete de estos contratos -con un valor total de 57 millones de pesos- no habían sido registrados en el Sistema de Abasto Institucional (SAI).

Esta herramienta permite que la institución identifique la disponibilidad de medicamentos en cada uno de sus almacenes y le facilita cubrir las necesidades de cada centro de atención. Esta práctica también fue observada en el ISSSTE con sus Sistemas Integrales de Abasto de Medicamentos (SIAM). 

El cambio en el esquema público de adquisición de medicamentos que buscaba reducir los costos de compra y ampliar los servicios de salud no logró sus objetivos, concluyó el IMCO, al exponer que la fragmentación en los contratos, las compras de urgencia y el aumento de precios de los medicamentos fueron algunas de las consecuencias concretas.

A partir de 2024, el recién creado Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar asumirá el reto de revertir las tendencias negativas mencionadas, ante lo cual, propuso, fortalecer la política de compras consolidadas de medicamentos a través de la integración de la demanda en un sistema similar al SAI del IMSS que permita gestionar de forma más eficiente la distribución.

Asimismo, optimizar el manejo, almacenamiento y distribución de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, a través de garantizar el reporte en tiempo y forma de los procesos y disponibilidad de los insumos. 

Además, asegurar el funcionamiento del nuevo IMSS-Bienestar como órgano consolidador de las compras públicas de medicamentos, asignándole recursos humanos sólidos y herramientas tecnológicas a la altura de la tarea que se le encomienda.