Avanzar de manera gradual hacia una flexibilidad laboral para toda la plantilla laboral, incorporar una perspectiva de género en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y fortalecer los mecanismos de denuncia y seguimiento para casos de violencia laboral en las secretarías de Estado, son algunas de las propuestas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) e Incubadora Míticas.

IMCo y Miticas realizaron ejercicios de diálogo, como grupos focales y entrevistas, en los que participaron más de 50 funcionarias públicas de siete secretarías de Estado a nivel federal.

En ese contexto, las tres barreras principales que reportan las mujeres en las secretarías de Estado son que los intereses políticos frenan el crecimiento de las mujeres, las condiciones laborales no son inclusivas y la violencia laboral limita la permanencia en el trabajo.

El diagnóstico observó que el Sistema de contratación abierta del Gobierno Federal facilita la incorporación de personal de confianza y este tipo de puestos permite el acceso a cargos de mayor nivel jerárquico.

Sin embargo, el 60% de estos puestos son ocupados por hombres y su permanencia depende en gran medida de la administración en turno, lo que limita la certidumbre sobre el desarrollo profesional a mediano y largo plazo.

El IMCO observó que aunque existen mecanismos para promover la igualdad de género, como el Sistema de Servicio Profesional de Carrera y las Unidades de Género, el impacto no ha sido el esperado. Las mujeres que participaron en las conversaciones señalan que esto se debe a la falta de recursos y de coordinación entre las secretarías.

La falta de políticas de inclusión, como flexibilidad o trabajo híbrido, sumado a jornadas laborales extensas dificultan la conciliación entre la vida personal y laboral. Dado que las mujeres desempeñan una mayor proporción del trabajo no remunerado, estas condiciones hacen poco viable que ellas puedan crecer dentro de las secretarías de Estado, o bien, las lleva a posponer decisiones personales como el matrimonio o la maternidad. 

La violencia laboral limita la permanencia en el trabajo, de forma que, si bien existen protocolos obligatorios en las secretarías de Estado, la violencia de género persiste en los entornos laborales.

Según INEGI, una de cada cinco mujeres empleadas en instituciones gubernamentales reporta haber vivido alguna forma de violencia. Las participantes identificaron dos deficiencias en los mecanismos de atención: i) la abstención de denunciar por temor a represalias que puedan afectar su carrera en el sector público y, ii) la falta de instrumentos de denuncia adecuados para reportar estos abusos. 

Los obstáculos identificados durante los ejercicios de diálogo permiten entender mejor la realidad que enfrentan las funcionarias públicas. Estos hallazgos complementan los datos disponibles y proporcionan una visión más cercana de los retos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de mayor jerarquía. La nueva administración tiene una oportunidad única para cerrar las brechas de género en las secretarías de Estado.

Estimaron que la nueva Secretaría de las Mujeres podría liderar el esfuerzo para medir y publicar información sobre las brechas de género en la Administración Pública Federal, así como monitorear las políticas implementadas y coordinar las iniciativas entre las diversas dependencias federales. Su papel será clave para garantizar que las políticas de inclusión de género sean consistentes, efectivas y que respondan a las particularidades de cada secretaría.