Políticas y programas sociales que garanticen derechos y mejoren la calidad de vida de la población más vulnerable y de atención prioritaria, fueron parte la III Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo que efectuó el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), este 26 y 27 de septiembre de 2024, en Quito, Ecuador.
En el marco de esta III Conferencia, también se aprobó una declaratoria final, en donde los países participantes reafirmaron su voluntad de trabajar articuladamente por una Iberoamérica más inclusiva, resiliente y sostenible.
La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira Jurado, quien presidió este evento internacional, resaltó los aportes que hicieron cada uno de los ponentes; así como la participación activa de las diferentes delegaciones. La autoridad señaló que esta conferencia permite, no solo afianzar la articulación entre los países de la región, sino que también se podrán promover y generar proyectos sociales e inclusivos, que reduzcan las brechas de desigualdad en Iberoamérica.
La ministra Rovira manifestó que, "a pesar de las mejoras, la pobreza extrema afecta al 11.2% de la población en la región, y en algunos países las brechas en acceso a educación y salud son notables, limitando oportunidades de desarrollo para los más vulnerables".
Por su parte, el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand señaló que uno de los principales problemas en la región es el desempleo juvenil; en ese sentido coincidió en señalar la importancia de impulsar políticas públicas para dar oportunidades laborales a los jóvenes, para crear unas condiciones que sin duda, mejorarían su confianza en un sistema que les incluya y permita crecer.
La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que esta conferencia permite a los países Iberoamericanos enfrentar los desafíos sociales y económicos que afectan a la región. «Saludo el compromiso renovado por la inclusión social y económica, que asumieron las delegaciones participantes y su deseo de impulsar políticas públicas ambiciosas y transformadoras, que respondan a las necesidades de los grupos más vulnerables», sostuvo.
Durante este importante encuentro se abordaron y discutieron varios temas que afectan a Iberoamérica y que están relacionados al crecimiento sostenible; reducción de la pobreza y pobreza extrema; lucha contra la trata, con énfasis en niñas y niños; migración y movilidad humana, sistemas de protección y políticas sociales para la reducción de brechas de desigualdad y exclusión.
Uno de los ponentes fue Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo Ecuador, quien señaló que es necesario reforzar la importancia de abordar la pobreza, el cambio climático y el crecimiento económico de forma integrada; para alcanzar un crecimiento sostenible en Iberoamérica. También hizo un llamado a la acción colectiva entre gobiernos, sector privado y organizaciones internacionales para lograr este objetivo.
También intervino Luis Henrique da Silva de Paiva, especialista en protección social del Centro Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá, quien dijo que es fundamental que los estados fortalezcan los sistemas de protección social y rediseñen sus programas sociales para reducir la pobreza, especialmente la pobreza infantil.
Para Timothy Ballard, activista de derechos humanos, la prevención, la educación y el trabajo conjunto con las fuerzas del orden en cada país son puntos fundamentales para desbaratar las redes de trata en la región. Asimismo, dijo que es necesario crear un sistema global de alerta, que permita detectar, detener y luchar contra las mafias de tráfico infantil.
Valeria Estefanía Loaiza, gerente de Proyectos de la Fundación AVSI manifestó que la movilidad humana es uno de los principales problemas en la región, por lo que es necesario que los gobiernos trabajen en varias acciones claves como, por ejemplo, el desarrollo de políticas de integración inclusivas, la cooperación regional para la gobernanza migratoria, la protección de los derechos humanos de los migrantes o la mejora de la seguridad fronteriza y protección internacional.