México enfrenta un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando la confianza en las instituciones y dificultando la organización del proceso electoral del Poder Judicial que concluirá con las votaciones del 1 de junio, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El Sindicato Patronal en su señal Coparmex evidenció la falta de certidumbre sobre la validez en que fueron definidos las y los candidatos, debido a la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso, entre ellos la falta de base constitucional y legal para su actuación ya que, para este proceso electoral extraordinario, no se han emitido las leyes secundarias ni los reglamentos específicos que detallen los procedimientos, criterios y atribuciones de dichos comités.

Observó que la ausencia de un marco normativo claro deja a los integrantes sin lineamientos precisos sobre cómo deben evaluar, lo que genera incertidumbre sobre la validez de sus decisiones, repercutiendo en un cuestionamiento de quienes integraron los listados finales, así como modificaciones a los listados finales y los que fueron remitidos al INE.

Destacó que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derechos y un requisito indispensable para garantizar la certeza jurídica en el país.

Recalcó que la reciente reforma judicial ha generado debate al comprometer la independencia y autonomía del Poder Judicial en México.

Añadió que aunque sus proponentes buscan mayor democratización y transparencia, su implementación enfrenta dificultades legales, presupuestales y operativas que cuestionan su efectividad y legitimidad.

A cuatro meses de su publicación, la implementación de la reforma enfrenta serios cuestionamientos legales y operativos, pues, hasta el momento, se han presentado 798 amparos en su contra, lo que refleja el alto grado de oposición y los problemas estructurales que conlleva.

Las contradicciones entre jueces de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han generado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando la confianza en las instituciones y dificultando la organización del proceso electoral.