Ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país y que lastiman a familias y a toda la sociedad, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió reforzar las políticas, la estrategia y las medidas de seguridad, en especial en torno al delito de extorsión, que, sin una legislación eficaz, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad, dejando en indefensión a las víctimas.

En su señal Coparmex, el Sindicato Patronal demandó reformas a las ley general de extorsión, así como reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación.

Actualmente, expuso, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.

Argumentó que la reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.

Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas. 

Focalizó que este delito afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las MiPyMEs y familias mexicanas. Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país.

Urgió es importante discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión, al ser u n delito con diversas tipificaciones y alta cifra negra de denuncias.

El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión.  

En ese contexto, “los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes. Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones”, señala el documento más reciente “Señal Coparmex”.  

Puntualizó que uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas.  

Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.

Este fenómeno frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando.

En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima.