El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo modelo de cobranza social que incentiva el pago continuo y oportuno de los créditos, privilegia la conservación del patrimonio del acreditado y le otorga soluciones accesibles en caso de quedarse sin empleo o que tenga dificultades para pagar.

El director general, Carlos Martínez Velázquez, explicó que, ante el incremento de la cartera vencida durante la última década, las administraciones anteriores adjudicaron de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes sobre su trabajo y los pagos que recibían.

Lo anterior derivó en un incremento de 328 por ciento en el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36 mil millones de pesos) con respecto al periodo 2007-2012 (ocho mil 400 millones de pesos). 

De esta manera, dijo que se llevó a cabo una licitación inédita para contratar a los despachos que realizarán la mediación con los acreditados, con la finalidad de erradicar abusos y malas prácticas, así como de terminar con el despilfarro de recursos.

Martínez Velázquez indicó que tan solo en 2018 el gasto en despachos ascendió a once mil  millones de pesos.

A la luz de la nueva licitación, el Infonavit obtendrá ahorros en el orden de 30 por ciento en los aranceles pagados a los despachos.

En dicha licitación se contó con la participación de 140 despachos, de los cuales 32 recibieron una dictaminación técnica positiva y 27 recibieron una dictaminación económica positiva, arrojando como resultado la adjudicación de 51 contratos a 19 despachos que proveerán servicios de cobranza en 20 zonas geográficas, quienes privilegiarán la mediación y las soluciones con los acreditados.

Los beneficios del nuevo esquema de cobranza social son:

•  Apoyo a los acreditados con dificultad de pago, para que preserven su patrimonio.
•  Soluciones de cobranza accesibles y financieramente viables.
• Administración de la cartera que permita recuperar los créditos hasta su liquidación, sin perder de vista la misión social del instituto.
• Identificación de aquellos créditos que recién perdieron el empleo o han caído en impago.
• Contacto inmediato con el acreditado para evitar que pierdan el hábito de pago.
• Incentivos al pago continuo y oportuno de los acreditados.
• Mediación como un mecanismo alternativo para la solución de controversias.
• Soluciones administrativas mediante apoyos de reestructura para evitar un mayor deterioro.
• Reasignación de las viviendas recuperadas a nuevos acreditados.
• Evitar procesos judiciales que concluyan en la adjudicación de la vivienda y en una eventual afectación del patrimonio de los acreditados.