Por: René Sánchez Juárez
Una obligación de las instituciones, organismos, autoridad o entidad que ejerza recursos públicos, son responsables de llevar a cabo procesos de rendición de cuentas y presentar los resultados a la sociedad. La fiscalización es parte de este proceso, y consiste en revisar y comprobar que el dinero público otorgado a las dependencias y entidades del gobierno sea utilizado de forma correcta, eficiente, con honradez, además de cumplir con las leyes y organizaciones.
La Auditoría Superior de la Federación es la encargada de fiscalizar los recursos públicos y ha entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el informe de la Cuenta Pública de 2020 con un total de 1,616 informes por un monto de 63,010 millones de pesos, de los cuales 49,765 fueron detectados durante la tercera entrega de este ejercicio.
Los estados y los municipios provocaron posibles daños al erario por más de 30 mil 522 mdp por el manejo ineficiente de los recursos que les otorgó el gobierno federal. De lo anterior se desprenden 647 informes de fiscalización.
Destaca la fiscalización al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del que se observación 617.3 millones, de los cuales 48.6 son montos por aclarar y 568.7 recuperaciones operadas por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.
En el sector salud, el informe menciona al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del cual se determinó un monto observado por 6 mil 92.7 millones de pesos, de los cuales 3 mil 21.2 millones están pendientes de aclarar.
Las entidades que tienen mayores montos fueron los estados de Oaxaca, Coahuila y Guerrero con mil 964.9 mpd, 414.3 mdp y 263.8 mdp, respectivamente.
Durante la entrega también hubo posiciones políticas por parte de las diferentes bancadas partidistas, mientras que el PAN acusó una subordinación del auditor superior de la federación, David Colmenares, al presidente Andrés Manuel al asegurar que los conflictos de interés y la corrupción rampante en diversas áreas, ha mostrado falta de capacidad y subordinación. Y argumentó que el 74% de las auditorías que se realizan están dirigidas a los estados y municipios y solamente el 26% a las dependencias federales.
Confiamos que esta herramienta de la democracia participativa en la que pretendemos vivir arroje claridad sobre el uso de los recursos y en caso de comprobarse su mal manejo sean penalizados los funcionarios públicos independientemente del partido o nivel de gobierno en el que se desempeñan.
