René Sánchez Juárez
Todavía sigue fresco en nuestra memoria el arresto del expresidente peruano Pedro Castillo, después de que el 7 de diciembre enviara un mensaje a su nación con la intención de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción que gobernaría por decreto.
A poco más de un mes de aquellos eventos que llevaron a Castillo a ser destituido por el Congreso a través de una moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral”, estará detenido previamente durante un periodo de 18 meses mientras es sometido a un proceso judicial por el presunto delito de rebelión.
Quien tomó el mando de la presidencia fue Dina Boluarte, y enfrentó desde su llegada manifestaciones de simpatizantes de Castillo, que hasta el día de hoy han cobrado 42 vidas.
La respuesta de la presidencia ante las demandas que exigen la realización de nuevas elecciones y la destitución de Boluarte, quien a través de un mensaje televisivo se negó a renunciar con la frase: “Mi compromiso es con Perú” y reconoció parte de su culpa. “Si en algo que nos hemos equivocado en encontrar la paz y la calma, pido perdón al pueblo peruano”, y es que Boluarte se encuentra gobernando bajo decreto, lo que le costó la presidencia a Pedro Castillo.
Ante las manifestaciones el gobierno de Boluarte declaró el estado de emergencia en la capital Lima, debido a las protestas contra la presidenta y emitió un decreto que entra en vigor este domingo 15, estará vigente por 30 días y autoriza al ejército a intervenir para mantener el orden.
Este decreto establece la “inmovilización social obligatoria” en la región de Puno durante 10 días, lo que implica que los habitantes de esa zona deberán estar confinados en sus domicilios entre las 8 de la tarde y las 4 de la madrugada.
Así como “durante los estados de emergencia… quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales” lo que podría poner en riesgo diversos derechos humanos.
La crisis en Perú va más allá de la firma de un decreto de la presidenta, la afectación a la democracia, deponiendo a un presidente electo, que si bien será juzgado, este gobierno de transición debería preparar las elecciones para que el pueblo peruano elija quien deberá ser el encargado de dirigir a la nación.
