Durante la pandemia se incrementaron los niveles de crueldad y letalidad por parte de los agresores en contra de las mujeres, según el material de #PandemiaInvisible

De acuerdo con ONU Mujeres, antes que la humanidad quedara confinada por la propagación del coronavirus, una de cada tres mujeres sufrió violencia a lo largo de su vida.

Los resultados de los estudios señalan que alrededor de 243 millones de mujeres, entre 15 a 49 años, padecieron violencia sexual o física por parte de su pareja en el último año, “una violación de los derechos humanos que también conlleva un costo económico de 1,5 billones de dólares”, afirmó la organización. 

Destaca que cuando los Estados respondieron a la emergencia sanitaria mundial y pidieron a la población quedarse en casa para evitar contagiarse por el Covid 19, olvidaron las alarmantes cifras oficiales y llamados de las organizaciones de la sociedad civil, quienes advertían que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro.

Indica que desde el confinamiento, mujeres y hombres fueron afectados por mayores niveles de ansiedad y depresión, tal como advierten especialistas consultados en esta investigación. En el caso de las mujeres, la vulnerabilidad fue mayor. Las víctimas quedaron atrapadas con su agresor en ambientes que se hicieron cada vez más hostiles y conflictivos.

En consecuencia, agregó, la violencia se intensificó y las denuncias o llamadas relacionadas con violencia doméstica se incrementaron, de manera dramática, a medida que las economías colapsaron y el desempleo creció en el mundo. La situación también aumentó dramáticamente para los sectores más empobrecidos de la sociedad que se quedaron sin la garantía de un sustento diario, en el caso de América Latina.

El material de  #PandemiaInvisible destaca que en países como Puerto Rico, Colombia y México las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres han insistido, en años anteriores, en pedir que se declare la emergencia nacional por la violencia contra las mujeres para exigir políticas públicas que aborden de manera contundente las denuncias de abuso sexual, trata de mujeres, desapariciones, entre otras múltiples formas de violencia.

Entre los datos recopilados en esta investigación, realizada en 21 países de habla hispana y Brasil, se detalla el aumento de las denuncias por abusos sexual contra menores de edad en países como Cuba, Perú y Colombia. En especial, hacia poblaciones pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y en edades menores de 15 años.

Tal como lo señala la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en su informe Covid-19 en la vida de las mujeres, “el confinamiento hace que las niñas estén más expuestas al abuso y la violencia, a lo que se adiciona el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia”.

Los reportes diarios de abusos sexuales dentro de las parejas fueron muy frecuentes en Costa Rica, según datos de la organización Casa de las Mujeres, una ONG que brinda apoyo a víctimas en ese país.
En Brasil, expertas observaron una mayor letalidad en los ataques con “armas blancas” en momentos de confinamiento. El uso de cuchillos, tijeras, dagas y objetos de perforación de una manera más cruel por parte del agresor fueron frecuentes en los casos que recibió el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Río de Janeiro y también por las instituciones y ONGS defensoras de la mujer.

Indica que en México, mientras el Ejecutivo aseguraba que la violencia machista se había reducido en el tiempo de aislamiento, las organizaciones reclamaron por la muerte violenta de 1.641 mujeres, de las cuales el Estado reconoce solo 211 feminicidios entre marzo y mayo de 2020 por las diferencias de criterios legales.

Otra de las situaciones que se vivieron en la cuarentena fue la pérdida de espacios que las mujeres habían conquistado en el pasado, como ocurrió con casas de refugio en Bolivia, en Santa Cruz, destinadas para brindar asistencia a mujeres víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus parejas. En cuarentena, el lugar fue sustituido para la atención de personas afectadas por el Covid-19.

La aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio que restringen la movilidad de las personas incluso por género, día y hora, como en el caso de Panamá, donde las mujeres solo podían salir determinados días y horas, dejó que muchas quedaran golpeadas y confinadas con su agresor, porque no le correspondía salir ese día.

De ahí el llamado de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, quien exhortó a los Estados a tratar el tema de la violencia de género como un asunto de salud pública con la misma importancia con la que se atiende la otra pandemia, el coronavirus. La advertencia tenía como antecedente la experiencia de otras crisis sanitarias en el pasado como, por ejemplo, lo sucedido durante la crisis del ébola en África, donde mujeres y niñas experimentaron mayores tasas de violencia física y psicológica en el seno de sus familias, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

António Guterres, secretario del organismo, manifestó su preocupación por el “estremecedor repunte global de la violencia doméstica” y por los “centros para víctimas de violencia de género cerrados”. En consecuencia, “instó a todos los gobiernos a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra el Covid-19, así como asegurar “que los sistemas judiciales sigan enjuiciando a los maltratadores”.

Violencia contra las mujeres: la pandemia invisible es una investigación transnacional y colaborativa que abarca a 21 países de habla hispana y Brasil.

La ausencia de cifras oficiales sobre la situación de violencia en contra de las mujeres es una deuda institucional que mantienen los Estados con las víctimas y organizaciones que las defienden. Son estas quienes alertan que muchas de las violencias que ocurren quedan por fuera y en subregistros.

En primer lugar, porque son pocas las víctimas que se atreven a denunciar o buscar ayuda: menos del 40 por ciento. Mientras que quienes sí deciden hacerlo representan menos del 10% que acuden a la policía. En segundo aspecto, por las propias trabas en las instituciones para investigar y publicar los reportes oficiales, de manera actualizada.

En aquellos países donde existe acceso a la información pública las cifras fueron comparadas con el registro que también llevan las organizaciones civiles, quienes en determinadas situaciones consideran casos de violencia como femicidios o intentos de femicidios cuando se atenta contra la vida de una mujer, pero que para algunas instituciones pueden ser solo homicidios o lesiones leves, tal como ocurre en Perú o en México, entre otros países.

Por su parte, en los Estados sin acceso a la información libre, el diagnóstico de la situación se apoyó en los datos recopilados por diversas ONG que traten temas de violencia relacionados a la mujer.

Un reportaje elaborado por esa plataforma en colaboración con  con los medios Te Lo Cuento News, La Lupa, Expediente Político, La Tribuna de Todos y Revista La Brújula.