Recorte al gasto público en 2025 debe evitar impactar competitividad

Aunque la estrategia de consolidación fiscal planteada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el próximo ejercicio fiscal del 2025 tiene como objetivo sanear las finanzas del sector público federal, es fundamental que el recorte propuesto al gasto público, se aplique de manera que se minimice su impacto en la provisión de bienes y servicios, así como en la competitividad del país, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Esto, añadió, podría lograrse mediante una revisión cuidadosa de los programas presupuestarios del gobierno federal, priorizando aquellos que demuestren técnicamente su contribución al bienestar de la población mexicana.

El IMCO en su análisis de los precriterios generales de política económica expone que la Secretaría de Hacienda plantea reducir a la mitad el déficit público en 2025, además de alcanzar un superávit primario por primera vez desde 2020.

En 2025 se propone que los ingresos sean superiores al gasto (sin incluir el pago de intereses de la deuda), por lo cual, ara lograr este objetivo, se propone un recorte al gasto neto pagado.

Específicamente el componente programable –gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos–, pasaría de 6.62 billones de pesos en 2024 a 6.04 billones de pesos en 2025: un recorte de 578.9 mil millones de pesos o -12.1 por ciento en términos reales, detalló.

Así, para el ejercicio fiscal 2025, el Ejecutivo federal considera un escenario de consolidación fiscal vía un recorte al gasto público, principalmente.

Para el ejercicio fiscal 2025 se contempla un gasto neto pagado por parte del sector público federal de 8.66 billones de pesos (un promedio de 64 mil 961 pesos por habitante), monto -8.8% menor, en términos reales, al gasto que la SHCP estima ejercer en 2024 por 9.14 billones de pesos.

Esta disminución se explica, principalmente, por una reducción de 12.1% real al gasto programable pagado, el cual se destina a la provisión de bienes y servicios públicos, al pasar de 6.62 billones a 6.04 billones de pesos, lo que implicará un recorte de 578.9 mil millones de pesos.

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