La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), censuró los recortes al Poder Judicial de la Federación de hasta 31 por ciento con respecto a su ejercicio del 2023 en el proyecto de presupuesto para el 2024 que se discute en la Cámara de Diputados.

Indicó que uno de los mayores pendientes en México es garantizar el acceso de todos a la justicia, al referir que la decisión abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles jurídicos y a la impunidad, se pondría en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024 y se ahuyentarán inversiones relacionadas con la relocalización de empresas al poner en entredicho el combate a la inseguridad, la inversión en infraestructura judicial y robustecer el Estado de Derecho.

“Hoy, la realidad es gravísima: solo el 1% de los delitos se persigue. Si realmente queremos que México goce de un Estado de Derecho sólido donde la ley impere y se acabe con la corrupción se debe fortalecer al Poder Judicial”.

Argumentó que debilitarlo presupuestalmente, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia.

Recalcó que asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito y de manera indirecta una forma de revictimizar a quienes hoy más requieren respaldo.         

El acceso de los mexicanos a la justicia no es negociable, al igual que para un enfermo no puede ser negociable si es recibido o no en un hospital para ser atendido, una víctima tampoco puede estar sometida a una determinación de saber si hay o no presupuesto suficiente para que su caso sea llevado ante un juez y se le procure justicia.

Adujo que la Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en 2023, lo cual resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos.

Expuso que el Poder Judicial desde el año 2019 ha sido severamente golpeado en materia presupuestal. De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95 mil 677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82 mil 994 millones, un recorte del 15 por ciento y para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80 mil 646 millones.

Para solventar su operación en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84 mil 792 millones, pero se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31 por ciento ese monto, lo que claramente es un riesgo enorme de dejar inoperante al sistema de justicia.

Además, se dijo, se abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad, pues, el recorte afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido, así como también a la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia.