Un Poder Judicial fuerte es esencial para el Estado de Derecho, por lo cual, la interferencia y ataque políticos vulneran y debilitan el sistema de pesos y contrapesos, amenazando la certidumbre jurídica necesaria para el desarrollo económico, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de cara a la aprobación por los diputados del dictamen para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que están bajo la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación.

Indicó que es una reforma que se plantea como presupuestaria, pero que tiene un impacto negativo en la solidez del Poder Judicial, afecta el Estado de Derecho, el entorno empresarial y la inversión, reduciendo las condiciones de competitividad del país. 

Recalcó que el debate y posterior análisis en el Senado deben tomar en cuenta el impacto potencial en la independencia del Poder Judicial y en los derechos laborales de su personal.

La iniciativa, observó, pone en riesgo la estabilidad de fondos que no solo se nutren de recursos presupuestarios, sino también de las contribuciones de los propios trabajadores acumuladas a lo largo de años. Estos fondos se utilizan para cubrir servicios médicos de emergencia, pensiones y reubicaciones derivadas de compromisos laborales.

En resumen, ratificó, este dictamen no solo afecta la integridad del Poder Judicial en su conjunto, sino que también perjudica a trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial.

Destacan los siguientes puntos del dictamen aprobado:

Dictaminación. El proceso de dictaminación de la iniciativa es cuestionable, pues lo realizó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual es competente para examinar cuestiones presupuestarias, pero no para analizar el funcionamiento del Poder Judicial. En este caso, la comisión ordinaria para discutir la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación sería la Comisión de Justicia y la opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sin subejercicios. El dictamen plantea un subejercicio de los fideicomisos, lo cual es inexacto, ya que los fideicomisos son instrumentos financieros con reglas específicas, distintas a la normativa presupuestal. Cada fideicomiso tiene un propósito particular establecido por las cláusulas del respectivo contrato, por lo que no es posible hablar de subejercicios en dichos instrumentos. 

Origen de recursos. Dentro de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación hay fondos que no están compuestos por recursos públicos, sino por fuentes diversas como contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial o recursos propios (por ejemplo, venta de publicaciones). Por su origen, estos recursos no deberían ser transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Limitar la capacidad de organización y gestión del Poder Judicial podría significar una afectación al cumplimiento de obligaciones y garantía de derechos. 

Funcionamiento de fideicomisos. Del análisis de la Cuenta Pública se encuentra que el Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento con la normatividad presupuestal, ha realizado los reintegros correspondientes a la Tesofe. La creación de fideicomisos responde a la necesidad de garantizar la suficiencia de recursos para la implementación de las reformas en materia penal, civil y laboral ante una falta de recursos presupuestales. 

Rendición de cuentas. En la exposición de motivos del dictamen se menciona que una justificación para eliminarlos es la opacidad en el uso de sus recursos. Sin embargo, las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan recomendaciones de mejora, pero no irregularidades en el uso de dinero público. En términos de proporción del gasto, el presupuesto total del Poder Judicial de la Federación no supera el 1% del gasto total proyectado para 2024.

El IMCO, exhortó a los Senadores a seguir un proceso legislativo apegado a la ley, a incluir la voz de aquellos que verían sus derechos laborales afectados y a debatir con datos y evidencia la minuta que extingue los fideicomisos a cargo del Poder Judicial de la Federación y que, además, prohíbe la creación y operación de fondos y fideicomisos adicionales a los establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De aprobarse en los mismos términos representaría un debilitamiento a la división de poderes y un impacto negativo en la competitividad del país, ratificó.