Puebla suma por 3° año consecutivo 100% en información presupuestal estatal: IMCO

Conforme el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Puebla se encuentra dentro de 12 entidades con un cumplimiento al 100 por ciento en torno a transparencia y acceso a datos en rubros como deuda pública, sueldos, salarios y plazas, así como fideicomisos, entre otros.

 

Baja California, Puebla y Guanajuato han mantenido una calificación arriba del 98% por al menos 3 evaluaciones consecutivas.

En su más reciente reporte, el IMCO detalló que 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de 100 por ciento: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.

Por su parte, nueve entidades obtuvieron un cumplimiento entre el 95 y el 99 por ciento; Nayarit y Nuevo León obtuvieron 99% en la evaluación.

Guerrero es la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior con 66 por ciento.

Las secciones más cumplidas son las que desglosan información presupuestal sobre recursos federales, poderes y dependencias.

No obstante, el IMCO observó que algunas entidades siguen ocultando información presupuestal sobre deuda pública, pues, se desconocen las tasas o plazos de contratación, así como el destino de la deuda.

Asimismo, sueldos y salarios/plazas, pues, es posible conocer el sueldo de los gobernadores estatales, pero no se conocen los sueldos del personal docente federal y estatal, ni se identifican por contrataciones de base, honorarios o confianza.

El IMCO concluyó que algunas entidades federativas, las peor calificadas, siguen sin adoptar buenas prácticas o cumplir con el reporte de su información presupuestal. “Cuando no existe un reporte homologado y público de la información, se desconoce el uso y destino de los recursos públicos”, aseveró.

RECOMENDACIONES

  1. Institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental y transparencia presupuestal para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
  2. Contar con unidades de evaluación que vinculen de manera obligatoria los resultados de su desempeño y la asignación de recursos en el siguiente ejercicio fiscal.
  3. Acortar la brecha entre el presupuesto aprobado y el ejercido.

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