Los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentaron un ‘amicus curiae’ a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, solicitando no eliminar la prisión preventiva oficiosa en el país.

Argumentan que esta medida es crucial para garantizar la conducción de procesos penales, proteger a las víctimas y evitar la impunidad.

Afirman que la decisión tendrá un impacto directo en la seguridad y gobernabilidad del país y de las entidades federativas.

En el documento se ven las firmas del jefe de Gobierno de la Ciudad de México y de los 31 gobernadores del país, incluyendo la firma del mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En el desplegado se lee de forma textual lo siguiente: “Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas”.

A través de un amicus curiae (amigos de la Corte) presentado en el buzón judicial de la Corte el pasado 26 de abril los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno del país.

Enfatizaron en que la prisión preventiva oficiosa, que se pretende declarar inconvencional de acuerdo con un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que se discutirá en septiembre próximo, se aplica cuando una persona es imputada por delitos de alto impacto y que en su momento fueron considerados como graves.

“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, señalaron en su escrito.

“Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.