En México se contabilizan 8.2 millones de viviendas requeridas, en tanto que 3.1 millones de viviendas reportaron dificultades económicas para solventar los pagos relacionados con la vivienda (crédito de vivienda o problemas con el pago de renta) derivado del impacto por la COVID-19.

Lo anterior conforme la Encuesta Nacional de Vivienda efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la cual refiere que cerca de la mitad de las viviendas particulares habitadas en México (41.3%) tiene entre 56 y 100 metros cuadrados de construcción, mientras que solamente 9 por ciento de los hogares privados habitados tienen una antigüedad menor a 5 años.

De los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, 57.1% son propias pagadas, 16.4% son rentadas, 14.2% prestadas por familiares, amistades o por el trabajo, 10.7% son propias, pero siguen pagándose y 1.7% está en otra situación.

Mientras, de las 5.8 millones de viviendas son rentadas, de las cuales 54% tiene un contrato de renta vigente. El principal motivo de renta de vivienda es por no tener acceso a un crédito o no tener recursos económicos con 51.4 por ciento.

El estudio infiere un desplome del 49 por ciento en el gasto para la modificación de viviendas en 2020 en comparación con respecto a 2019, al sumar un gasto total de 94 mil 676 millones de pesos para la modificación de las viviendas, con un promedio de gasto por vivienda de 18 mil 273.90 pesos.

En Puebla el 36.2 por ciento de los hogares tiene 55 metros cuadrados o menos, nivel superior a la media nacional del 28.1 por ciento.

Asimismo, 51 por ciento de las viviendas particulares habitadas presenta problemas estructurales de humedad o filtraciones de agua en cimientos, muros o techos.

El problema más frecuente en las viviendas del país, de acuerdo a la encuesta, es la humedad y filtraciones de agua, y por entidad federativa notoriamente se observa cómo aquellas ubicadas en el sureste son las más afectadas, Tabasco (85%), Yucatán (77.2%), Campeche (64.1%), Chiapas (58.3%) y Quintana Roo (56.3%).